La comarca indígena panameña Ngäbe-Buglé denunció este miércoles la represión policial contra miembros de comunidades a lo interno del país que protestan contra la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS).

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Los denunciantes detallan que las autoridades policiales han ingresado a las comunidades Trinidad, El Piro, Ojo de Agua, Tolé, Viguí y El Prado, utilizando gases lacrimógenos y en presencia de niños y adultos mayores.

Asimismo, los líderes indígenas denunciaron detenciones arbitrarias de dirigentes, calificando las acciones como un intento de instaurar una dictadura.

«El Gobierno está abusando de su fuerza pública, sacando a líderes de sus casas a punta de golpes, patadas y gases lacrimógenos», destacaron desde la comarca indígena. Fotos: @FLDAmericas.

Mediante un comunicado, declararon que exigen “el cese de esta persecución contra (su) pueblo”, y pidieron a la comunidad internacional atencióna las violaciones de derechos humanos.

“Exigimos el cese de esta persecución contra nuestro pueblo, y hacemos un llamado a la comunidad internacional a estar pendiente de estos hechos que vulneran nuestra democracia y violan todos nuestros derechos humanos reconocidos universalmente”, subrayaron.

Siguiendo esa línea, indicaron que “esto (el Gobierno panameño) es una dictadura. El Gobierno está abusando de su fuerza pública, sacando a líderes de sus casas a punta de golpes, patadas y gases lacrimógenos, sin importar la presencia de menores o personas vulnerables”, subrayaron desde Ngäbe-Buglé.

Alertamos sobre el uso excesivo de la fuerza por agentes de @senafrontpanama a comunidades indígenas en el marco de la protesta nacional por la ley de la Caja del Seguro Social, la posible reapertura de un megaproyecto minero y el memorándum firmado con el gobierno de EUA

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— FLD Américas (@FLDAmericas) May 14, 2025

Desde el 23 de abril, comunidades indígenas, junto a docentes y el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción (Suntracs), mantienen una huelga indefinida contra la Ley 462 que afecta el sistema de pensiones.

Las protestas también rechazan un memorando firmado en abril con Estados Unidos, que permite bases militares bajo el argumento de “proteger el Canal de Panamá”, así como la cancelación del acuerdo con la multinacional canadiense First Quantum Minerals (FQM), argumentando que compromete la soberanía nacional y tiene un impacto ambiental devastador.

Desde el Gobierno, el presidente panameño José Raúl Mulino ha descartado negociar con los manifestantes, asegurando que la Ley 462 “está vigente y va a seguir vigente”.

Esta posición ha generado críticas de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas, que lamentó la falta de diálogo.

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